El país que apaga sus laboratorios

Sobre el desguace del sistema científico-tecnológico argentino, o de cómo se demuele en tres años lo que costó setenta construir

Por Federico González — Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI

Una bióloga de treinta y cuatro años apaga la luz de su oficina en un instituto del CONICET en Rosario. No es el final de la jornada: es el final de una etapa. Acaba de aceptar una posición posdoctoral en Alemania. No se va por curiosidad ni por espíritu aventurero. Se va porque su beca, medida en poder de compra, vale hoy un cuarenta por ciento menos que hace tres años; porque el proyecto en el que trabajaba se quedó sin fondos para reactivos; porque el freezer donde se conservan diez años de muestras depende de que no se corte la luz y ya nadie garantiza el mantenimiento. Antes de salir, le entrega la llave a un colega que también está armando su currículum en inglés.

Esa escena, multiplicada por miles, es la política científica argentina de estos años. No hay épica en ella. Hay una llave que cambia de manos, un freezer que zumba en la penumbra y un país que, sin decirlo en voz alta, decidió que pensar es un lujo que no puede permitirse.

La plataforma invisible

Conviene empezar por lo que existe, porque el desguace se vuelve invisible si no se conoce la magnitud de lo que se está desguazando. Argentina construyó, a lo largo de siete décadas, uno de los dos sistemas científico-tecnológicos más densos de América Latina. Un CONICET con doce mil investigadores y trescientos institutos federales. Un INTA que desde 1956 adaptó semillas, mejoró genética ganadera y sostuvo con sus estaciones experimentales buena parte del salto productivo del agro. Un INTI que certificaba la calidad y la seguridad de lo que consumimos en más de mil áreas del entramado industrial. Una Comisión Nacional de Energía Atómica que formó físicos e ingenieros nucleares en el Balseiro y diseñó reactores propios. Una agencia espacial que puso en órbita los satélites SAOCOM, con una tecnología de radar que dominan menos de diez países en el mundo. Una empresa pública rionegrina, INVAP, que le vendió reactores nucleares de investigación a Australia y a Holanda: es decir, que le exportó conocimiento complejo al primer mundo.

Acaso sea pertinente recordar que sobre esa plataforma pública se montó, además, lo mejor del sector privado argentino. Los unicornios tecnológicos que el oficialismo exhibe como trofeos del mercado —Satellogic, Bioceres, Globant— no brotaron de la nada: emergieron de un ecosistema cuya calidad de conexiones fue tejida durante décadas con inversión estatal. Satellogic sin la CONAE y sin INVAP es impensable. Bioceres sin el CONICET y sin el INTA, también. La economista Mariana Mazzucato lo demostró con rigor documental para el caso norteamericano: detrás de cada componente del iPhone que Steve Jobs levantó en un escenario había décadas de financiamiento público en internet, GPS y pantallas táctiles. El emprendedor privado corre la última posta de una carrera cuyos primeros relevos pagó el Estado. Negar la carrera para aplaudir únicamente al último corredor no es liberalismo: es ingratitud contable.

El tecnólogo argentino Jorge Sábato lo había formulado hace más de medio siglo con su célebre triángulo: el desarrollo exige que el Estado, la infraestructura científica y la estructura productiva se conecten entre sí. No que se toleren. Que se conecten. Cuando alguno de los tres vértices se retira, el triángulo no se achica: se derrumba.

El bisturí ciego

Digámoslo sin anestesia: lo que el Gobierno llama ajuste es, en el sector científico, una demolición metódica y documentable renglón por renglón del Boletín Oficial. El presupuesto de ciencia y tecnología representará en 2026 el 0,14 por ciento del PBI: el nivel más bajo desde que existen registros, que comienzan en 1972. Ni la dictadura, ni la hiperinflación de 1989, ni el estallido de 2001 habían perforado ese piso. La función Ciencia y Tecnología acumula una caída real cercana al cincuenta por ciento desde diciembre de 2023. La Agencia I+D+i, el organismo que financia los proyectos de investigación de todo el sistema, perdió el 85 por ciento de su presupuesto en tres años: no fue podada, fue talada. La agencia espacial enfrenta un recorte adicional superior al cincuenta por ciento solo en 2026, con compromisos internacionales firmados —incluida la participación argentina en la misión Artemis de la NASA— que quedan colgando de un hilo presupuestario.

Los números de la sangría humana son todavía más elocuentes que los contables. El sistema científico perdió más de seis mil trescientos puestos de trabajo desde diciembre de 2023: casi ocho por día, fines de semana incluidos. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA perdió cuatrocientos treinta y ocho docentes e investigadores en poco más de dos años. Uno cada dos días. Cada uno de esos nombres es una inversión de quince o veinte años de formación pública que otro país cosechará gratis. Alemania, Estados Unidos y Brasil no necesitan diseñar una política de captación de talento argentino: se la estamos regalando con moño.

Y luego está la dimensión institucional, que es acaso la más grave porque es la menos reversible. El decreto 462/2025 le quitó al INTA su autarquía —esa arquitectura inteligente de 1956 que sentaba en el mismo consejo al Estado y a las entidades del campo— y disolvió el Instituto Nacional de Semillas. El Congreso rechazó el decreto; la Justicia lo frenó con una cautelar. El Gobierno, lejos de registrar el mensaje republicano, insistió por la ventana: una resolución de abril de 2026 dispuso la cesación de los servicios de control de calidad que el INTI prestaba en más de mil áreas de productos, dejando la supervisión de lo que comemos, enchufamos y les ponemos a nuestros hijos en manos de las propias empresas que lo fabrican. El zorro, desde ahora, audita el gallinero. Y la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que ordenaba un sendero de inversión creciente hacia el uno por ciento del PBI, fue lisa y llanamente suspendida: la ley existe, pero se decidió no cumplirla, que es la forma más elegante de derogar sin dar el debate.

No resulta desatinado suponer que un lector de buena fe se pregunte si todo esto no será, al fin y al cabo, el costo inevitable de ordenar las cuentas de un país quebrado. La respuesta la dan los propios informes técnicos: el ahorro total que produce este arrasamiento es fiscalmente insignificante —centésimas de punto del PBI— y la regresividad del recorte, sin antecedentes en la historia presupuestaria argentina, responde a motivos ideológicos antes que contables. No se está ajustando la ciencia: se la está castigando. Son cosas distintas. El ajuste es un instrumento; el castigo es un mensaje.

La mística demoledora

Aquí conviene subir una capa, porque el fenómeno no se entiende solo con planillas. ¿Por qué un gobierno elige ensañarse precisamente con el sector cuyo costo fiscal es marginal y cuyo retorno de largo plazo es el más alto documentado por la literatura económica? La respuesta hay que buscarla en la psicología política antes que en la macroeconomía.

El mileísmo necesita, para sostener su narrativa fundacional, que todo lo estatal sea presuntamente parasitario. El científico del CONICET cumple en ese relato una función simbólica precisa: es el chivo expiatorio ilustrado, el ñoqui con doctorado, la casta de guardapolvo. Poco importa que INVAP facture exportaciones de alta complejidad o que el INTA haya multiplicado los rindes del agro que sostiene la balanza comercial: el relato requiere el sacrificio ritual, y el sacrificio requiere una víctima visible. El antropólogo René Girard nos invita a pensar que las comunidades en crisis descargan su violencia sobre una víctima sustituta cuya inmolación promete restaurar el orden. La ciencia argentina es hoy esa víctima sustituta: se la inmola no por lo que cuesta, sino por lo que representa.

Adicionalmente, opera aquí una confusión conceptual que el Desarrollismo Inteligente viene señalando desde su primera hora: la confusión entre libertad y anomia. Desregular la certificación de un juguete o de un material eléctrico no agranda la libertad de nadie; agranda el riesgo de todos y la impunidad de algunos. La libertad de elegir presupone información confiable sobre aquello que se elige, y esa información es, técnicamente, un bien público: nadie tiene incentivos privados suficientes para producirla, y por eso la producen —en todos los países serios del mundo— organismos como el que acaba de ser cesado. Friedrich Hayek, a quien el oficialismo cita con devoción selectiva, jamás sostuvo que el orden espontáneo del mercado prosperara sin instituciones que garanticen reglas y confianza. Se puede ser liberal y saber leer. Las dos cosas a la vez.

En el barrio lo diríamos sin tanta vuelta: están quemando la casa para matar las ratas. Y las ratas, dicho sea de paso, ni siquiera estaban.

Cerebros migrantes

Hay una asimetría temporal que todo estadista conoce y todo demagogo ignora: destruir capacidad científica toma meses; reconstruirla toma décadas. Un instituto no es un edificio con mesadas. Es una trama de conocimiento tácito, de equipos que aprendieron a trabajar juntos, de líneas de investigación que maduran en diez o quince años, de vínculos internacionales que se cultivan congreso a congreso. Cuando esa trama se rompe —cuando la bióloga de Rosario entrega la llave— no se pierde un salario: se pierde un nodo, y con cada nodo se degradan todas las conexiones que pasaban por él. La inteligencia de un sistema no reside en sus componentes sino en la calidad de sus conexiones; por eso el desguace es más letal que el ajuste, porque no adelgaza la red: la desteje.

Bernardo Houssay, nuestro primer Nobel de ciencias y fundador del CONICET, lo sentenció con una frase que debería estar grabada en el despacho de cada ministro de Economía: la ciencia no es cara; cara es la ignorancia. Houssay sabía de qué hablaba: había visto a la Argentina de su tiempo darse el lujo de formar tres premios Nobel científicos, los únicos de América Latina en su tipo durante décadas. Esa Argentina no era más rica que la actual en recursos naturales. Era más rica en una convicción: la de que el conocimiento es la única ventaja comparativa que no se agota, no se devalúa y no cotiza a la baja cuando cambia el humor de los mercados.

Arturo Frondizi, en la misma línea, comprendió que sin ciencia y sin técnica no hay desarrollo, y que sin desarrollo la justicia social es un discurso sin billetera. Su gobierno duró poco y sufrió mucho, pero dejó sembrado el INTA, el CONICET fortalecido, la matriz energética en expansión. Medio siglo después seguimos cosechando esas siembras, lo cual demuestra el punto por la vía más incómoda: los réditos de la inversión en conocimiento los cobran gobiernos que todavía no existen, y por eso solo los estadistas la hacen. El demagogo no siembra lo que no va a poder inaugurar.

La tercera vía

Sería un error, sin embargo, que la crítica al desguace derivara en una defensa nostálgica del statu quo previo, porque el sistema científico argentino arrastraba —conviene decirlo con honestidad intelectual— problemas reales: cierta endogamia académica, una vinculación insuficiente con el aparato productivo, una distribución federal despareja, mecanismos de evaluación que a veces premiaban el paper antes que el problema resuelto. El Desarrollismo Inteligente no propone volver a 2015 ni a 2023. Propone algo más exigente: un Estado que deje de oscilar entre el abandono y el abrazo asfixiante, y se convierta en lo que un ecosistema de innovación necesita de él: un nodo sinérgico. Que financie con previsibilidad plurianual blindada de los ciclos electorales. Que oriente una parte de la inversión hacia misiones país —litio, biotecnología, economía del conocimiento, energía— sin ahogar la investigación básica, que es el semillero de lo que todavía no sabemos que vamos a necesitar. Que mida, evalúe y exija, porque los recursos públicos obligan. Y que conecte: laboratorio con fábrica, universidad con provincia, ciencia con decisión política.

Peter Drucker, el padre del management moderno, enseñaba que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los países que hoy admiramos no descubrieron un atajo: decidieron, en algún momento de su historia, que el conocimiento era su proyecto nacional, y sostuvieron esa decisión a través de gobiernos de signos opuestos. Corea del Sur no interrumpió su inversión en tecnología cuando cambió de presidente. Israel no desfinanció sus universidades para cumplir una meta trimestral. Finlandia no cerró sus institutos para mandar un mensaje ideológico. La diferencia entre esos países y el nuestro no es de recursos: es de carácter.

La llave

Vuelvo a la bióloga de Rosario, porque los sistemas se entienden mejor en sus personas que en sus planillas. Dentro de unos años, esa investigadora habrá publicado en Alemania los trabajos que debió publicar aquí. Habrá patentado allá lo que debió patentarse acá. Formará discípulos que hablarán otro idioma. Y cuando algún futuro gobierno argentino —porque lo habrá— salga a repatriar cerebros con programas y promesas, ella dudará, con toda razón: los países, como las personas, tardan mucho en reconstruir la confianza que dilapidaron en un arrebato.

El refrán lo advierte con esa sabiduría que no necesita doctorado: nadie escupe al cielo sin que le caiga en la cara. Un país que escupe sobre sus científicos está escupiendo hacia arriba, hacia su propio futuro, y la física del rencor es implacable con esa trayectoria.

Quien escribe estas líneas no cree que la Argentina esté condenada. Cree, por el contrario, que la infraestructura descripta al comienzo —herida, desfinanciada, sangrando talento— sigue siendo el activo estratégico más valioso que tenemos, muy por encima de Vaca Muerta y del litio, porque es el único capaz de ponerles inteligencia a todos los demás. Pero los activos estratégicos no esperan indefinidamente a que alguien los valore. Los laboratorios que hoy se apagan no se reencienden con un decreto.

La motosierra corta rápido y es fotogénica. El conocimiento crece lento y no hace ruido. Entre esas dos velocidades se está decidiendo, ahora mismo y casi sin debate, qué país vamos a ser dentro de veinte años. La bióloga ya entregó la llave. La pregunta que nos queda a los demás es incómoda pero ineludible: ¿cuántas llaves más estamos dispuestos a ver cambiar de manos antes de entender que la puerta que se cierra es la nuestra?