Inversión no es desarrollo

El RIGI, el Súper RIGI y la ética de la genuflexión - Por Federico González

En San Juan, un megaproyecto minero resolvió el alojamiento de sus trabajadores de un modo elocuente: importó desde China una ciudad modular completa. Dormitorios, comedores, oficinas, infraestructura sanitaria. Todo llegó en contenedores, todo se ensambló en semanas, todo funcionó. Ni un ladrillo sanjuanino, ni un mueble fabricado en el país, ni una pyme local en la cadena. La inversión entró como un relámpago. Y cuando el mineral se agote, se irá como un barco: sin dejar en tierra firme otra cosa que el recuerdo de haber pasado.

Pensemos esa escena como lo que es: el síntoma de una patología circulatoria. La economía argentina es un organismo al que se le inyecta sangre por una vena y se le extrae por la misma vena, sin que la sangre irrigue jamás el tejido. El médico que celebra la transfusión sin preguntarse por la irrigación no está curando: está embalsamando. Esa anécdota, que hoy es una excepción, está a punto de convertirse en doctrina de Estado. Porque el Súper RIGI que el Gobierno envió al Congreso no corrige el modelo del enclave: lo legaliza, lo perfecciona y lo premia.

Anatomía del privilegio

Conviene exponer primero, con frialdad de analista, de qué estamos hablando. El RIGI —el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones sancionado en la Ley Bases— ofrece a proyectos de más de 200 millones de dólares en minería, hidrocarburos, energía e infraestructura una alícuota de Ganancias del 25%, retenciones que se eliminan a partir del tercer año, libre disponibilidad progresiva de divisas y una garantía de estabilidad normativa por treinta años. A cambio, exige un piso modesto de integración nacional: al menos el 20% de la inversión en bienes y obras debe contratarse a proveedores locales, siempre que exista oferta competitiva.

El Súper RIGI —formalmente, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias— eleva la apuesta en todas las dimensiones. Piso de 1.000 millones de dólares por proyecto. Sectores de frontera: inteligencia artificial, semiconductores, data centers, baterías de litio, biotecnología avanzada. Ganancias al 15%. Retenciones en 0% desde el primer día. Amortización acelerada, quebrantos deducibles sin límite temporal y transferibles a terceros, contribuciones patronales reducidas, tope a Ingresos Brutos, prohibición de tasas municipales sobre ventas. Y una novedad que define su naturaleza: la eliminación total de la exigencia de proveedores locales.

Hasta aquí, la radiografía. Ahora, el diagnóstico.

La limosna grande

Los defensores del esquema —la economista Daiana Fernández Molero lo ha formulado con honestidad intelectual— sostienen que estos regímenes son un atajo hacia la normalidad: reglas claras e inamovibles para un país que destruyó su credibilidad a fuerza de cambiarlas. El argumento merece ser tomado en serio, porque contiene una verdad parcial: sin previsibilidad no hay capital intensivo, y sin capital intensivo no hay Vaca Muerta, no hay cobre, no hay litio.

Pero hay una pregunta previa que el oficialismo esquiva con la destreza de quien sabe que la respuesta lo incomoda: ¿cuánto de esa inversión habría venido de todos modos? Los datos disponibles son inquietantes. De los primeros doce proyectos aprobados bajo el régimen, siete ya estaban en carpeta antes de la sanción de la ley, según el relevamiento del Centro CEPA: más de 25.000 millones de dólares en inversiones que tenían a la Argentina como destino estratégico con o sin beneficio fiscal. El costo de recaudación sacrificada del RIGI pleno se estima en torno a los 1.069 millones de dólares anuales. El economista Juan Carlos Hallak lo ha señalado con precisión técnica: la elasticidad de estas inversiones respecto del incentivo es baja; el sacrificio fiscal, alto. Traducido del idioma de los economistas al idioma de los mortales: el Estado argentino está pagando, con recursos que no tiene, por capitales que ya venían.

En el barrio lo diríamos sin eufemismos: si la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y acá la limosna no es grande: es faraónica.

La sobreactuación

Detengámonos en este punto, porque merece la lupa del analista. En política, como en el póker, el exceso delata. Si el litio iba a venir, si Vaca Muerta iba a expandirse, si los proyectos estaban en carpeta antes de la ley, ¿por qué ofrecer tanto? ¿Por qué quince puntos de Ganancias, y arancel cero, y retenciones cero desde el día uno, y treinta años de congelamiento normativo, y la renuncia a la justicia propia, todo junto, todo a la vez, todo sin pedir nada a cambio? Formulémoslo como un pequeño koan económico: cuando el incentivo excede largamente lo necesario para inducir la conducta que dice buscar, el incentivo deja de explicar y empieza a confesar.

¿Qué confiesa? Caben, a mi juicio, tres hipótesis, y las enuncio en orden creciente de incomodidad.

La primera es la hipótesis de la impericia: el regalo es simplemente innecesario. Los técnicos calibraron mal la dosis, como el médico que receta morfina para un dolor de muelas. Sería grave, pero sería humano: el error de cálculo es la enfermedad profesional de los ministerios de Economía argentinos.

La segunda es la hipótesis de la suspicacia: el regalo es deliberado. El traje se cortó a medida de cuerpos que ya estaban en la sastrería. Quién te dice que la generosidad del articulado no tenga nombre y apellido; quién te dice que los pisos de inversión, los sectores elegidos y las fechas de vigencia no dibujen, vistos a contraluz, la silueta de beneficiarios concretos. No lo afirmo: lo dejo planteado, que es lo que corresponde cuando los indicios abundan y las pruebas faltan.

La tercera hipótesis es la más inquietante, precisamente porque es la más banal: que no haya ni error ni negocio, sino vocación. Una disposición ideológica a complacer a los poderosos más allá de toda conveniencia, por el puro goce de hacerlo. Lacan nos enseñó que el goce, a diferencia del placer, no busca un beneficio: se satisface en sí mismo, incluso contra el interés de quien goza. Acaso el libertarianismo realmente existente exprese, debajo de su andamiaje teórico, una razón inconsciente y vergonzante: la reverencia ante el poder económico no como medio para atraerlo, sino como fin en sí misma. Si fuera así, estaríamos ante algo distinto de la ética de la responsabilidad que reclamaba Weber, y distinto incluso de la ética de la convicción: estaríamos ante la ética de la genuflexión. La obsecuencia como sistema. El servilismo vacío elevado a doctrina económica. Regalar lo que no hace falta regalar no es audacia reformista: es la propina del que quiere caerle bien al mozo.

Y esta tercera posibilidad, insisto, no es diabólica: es banal, en el sentido preciso en que Hannah Arendt usó la palabra —el mal que no piensa, que solo obedece una inercia—. Por eso entronca menos con la teoría de la conspiración que con la teoría de la estupidez. Carlo Cipolla, en sus célebres ‘Leyes fundamentales de la estupidez humana’, definió al estúpido con rigor casi matemático: el que causa daño a otros sin obtener beneficio para sí, o incluso perjudicándose. Y reservó un casillero especial para el incauto: el que beneficia a otros perjudicándose a sí mismo. Un Estado que sacrifica más de mil millones de dólares anuales de recaudación para atraer inversiones que ya venían encaja en esa taxonomía con una exactitud que estremece. Por su parte, Paul Tabori documentó en su ‘Historia de la estupidez humana’ que la necedad no es ausencia de inteligencia sino su mal uso solemne: imperios enteros, recordaba, se han administrado con brillantez hacia el abismo. La Argentina del Súper RIGI no carece de técnicos brillantes; lo que acaso le falte es advertir que la brillantez puesta al servicio de la genuflexión sigue siendo, en el balance final de la historia, una forma sofisticada de la estupidez.

Con plata cualquiera invita, dice el refrán. El oficialismo invita con plata ajena: la de los contribuyentes de las próximas tres décadas.

Soberanía congelada

Adicionalmente, hay una dimensión del esquema que casi no se discute y que debería discutirse más que ninguna otra: la jurisdiccional. Ambos regímenes garantizan estabilidad normativa por treinta años y habilitan a las empresas a eludir la justicia argentina para dirimir cualquier controversia ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Treinta años son siete mandatos presidenciales y media docena de congresos. Lo que se está firmando no es un contrato: es una hipoteca sobre la capacidad regulatoria de las próximas dos generaciones de argentinos, que no podrán legislar sobre sus propios recursos críticos —el agua, la energía, los datos— sin exponerse a demandas multimillonarias en tribunales extranjeros. ¿Puede una generación atar las manos de todas las que vienen? Jefferson sentenciaba que la tierra pertenece a los vivos: ningún congreso tiene título legítimo para gobernar desde la tumba.

Organizaciones especializadas como FARN y Greenpeace han advertido, en una línea similar, que la normativa no exige evaluaciones de impacto ambiental previas y vinculantes, lo que desplaza la prioridad en el uso de recursos escasos —el agua ante todo— hacia los megaproyectos y en detrimento de las comunidades. Congelar las reglas por treinta años podrá ser convicción libertaria; responsabilidad ante las generaciones futuras, difícilmente.

Hayek contra Caputo

Permítaseme ahora un movimiento que el oficialismo no espera: discutir el Súper RIGI desde adentro de su propio marco teórico. Hayek nos invita a pensar el mercado como un orden espontáneo, un sistema descentralizado de descubrimiento donde ningún planificador decide qué sectores merecen prosperar. Pues bien: ¿qué es el Súper RIGI sino la negación exacta de ese principio? Un funcionario —no el mercado— decidió que la inteligencia artificial, los semiconductores y las baterías de litio merecen pagar 15% de Ganancias mientras la pyme metalúrgica de Avellaneda paga la alícuota plena, importa con arancel y compite, dentro de su propio país, contra proveedores globales que entran con arancel cero. Eso no es libre mercado: es planificación central de privilegios. Es el Estado eligiendo ganadores —el pecado capital que el ultraliberalismo dice combatir— con el agravante de que los ganadores elegidos son, por diseño, los que menos encadenamientos generan con el tejido productivo nacional.

No resulta desatinado suponer que el propio Hayek, leyendo el articulado, encontraría en él menos orden espontáneo que capitalismo de amigos con vocabulario de Silicon Valley.

La advertencia de Polanyi

Si Hayek incomoda al oficialismo desde adentro, Karl Polanyi lo incomoda desde la historia. Polanyi demostró en ‘La gran transformación’ una paradoja que el libertarianismo jamás terminó de digerir: el laissez-faire fue planificado; lo espontáneo fueron las reacciones contra él. El mercado autorregulado del siglo XIX no brotó de la naturaleza humana como un manantial: necesitó leyes, decretos, aparato estatal, ingeniería normativa minuciosa. Exactamente lo que hoy necesita el Súper RIGI, que es la confesión involuntaria de esa paradoja: hace falta un Estado hiperactivo —legislando privilegios, congelando reglas, cediendo jurisdicción— para producir el simulacro de un mercado sin Estado. El anarcocapitalismo, mirado de cerca, resulta ser un dirigismo con otra estética.

Pero la segunda lección de Polanyi es la decisiva, y es una advertencia. Cuando el mercado se desincrusta de la sociedad —cuando trata a la tierra, al trabajo y al dinero como mercancías ficticias, cuando el agua de una cuenca vale menos que el cronograma de un megaproyecto—, la sociedad responde. Polanyi llamó a eso el doble movimiento: a toda expansión del mercado sin amortiguadores le sigue, con la regularidad de un péndulo, un contramovimiento de autodefensa social que puede tomar formas virtuosas o formas monstruosas. Proteccionismo, populismo, autoritarismo: no caen del cielo; se incuban. Quien quiera saber dónde nacerá el populismo argentino de 2035 no mire las encuestas: mire los decretos de 2026. Cada enclave que se instala sin arraigo es un plebiscito futuro contra el capital. Los que hoy redactan el Súper RIGI creyendo blindar la inversión por treinta años están, acaso sin saberlo, redactando también el prólogo de su impugnación.

Crecimiento sin desarrollo

Y aquí llegamos al corazón doctrinario del asunto, que es donde el Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI tiene algo distinto que decir. A modo de provocación operativa sentenciaré: la inversión extranjera, por sí misma, no desarrolla nada; lo que desarrolla es lo que la inversión deja cuando se va o lo que construye mientras se queda. Capacidades, proveedores, técnicos formados, tecnología transferida, conocimiento incorporado. Sin eso, lo que hay es crecimiento sin desarrollo: riqueza que pasa por el país sin transformar su estructura productiva. La historia económica latinoamericana tiene un nombre viejo para ese fenómeno: economía de enclave. Nosotros le hemos puesto uno más actual: extractivismo con marketing.

Medido contra los pilares de nuestro modelo, el Súper RIGI falla en cada uno. Donde el desarrollo exige política de proveedores nacionales, el régimen la elimina por completo. Donde exige un Estado estratega que dirija el proceso, el régimen renuncia a la capacidad regulatoria por treinta años y cede jurisdicción al CIADI. Donde exige financiamiento competitivo para las pymes industriales, el régimen las condena a competir con arancel cero ajeno y costo argentino propio. Donde exige formación técnica, el régimen no obliga a financiar un solo instituto ni a transferir un solo paquete de know-how. Y donde exige —sobre todo en inteligencia artificial y data centers— una cláusula de aprendizaje nacional, el régimen consagra la apertura sin inteligencia: la Argentina como proveedora de suelo barato y energía barata para servidores ajenos, mirando desde afuera cómo otros desarrollan la tecnología que definirá el siglo.

Frondizi —a quien el desarrollismo reconoce como padre intelectual, con todo lo aprendido y todo lo revisado desde entonces— entendió algo que esta generación de funcionarios parece haber olvidado: el capital extranjero es un instrumento del desarrollo nacional, no su sustituto. Frondizi trajo a las petroleras, sí; pero las trajo para que la Argentina aprendiera a hacer lo que no sabía hacer. La diferencia entre aquel desarrollismo y este régimen es la diferencia entre contratar un maestro y alquilar el aula.

La síntesis superadora

Digámoslo sin eufemismos, porque la honestidad intelectual lo exige: la respuesta del Desarrollismo Inteligente no es el rechazo de la inversión extranjera. Esa fue la antítesis populista, y fracasó con la misma contundencia con que está fracasando la tesis libertaria. Quien lea en estas líneas una invitación a cerrar la economía no entendió lo esencial. La síntesis que proponemos es otra: inversión sí, con condiciones de arraigo productivo. Estabilidad jurídica sí —es una demanda legítima del capital de largo plazo—, pero a cambio de integración nacional creciente, no decreciente. Beneficios fiscales sí, pero proporcionales a lo que el proyecto deja en el país: cadena de proveedores, transferencia tecnológica, formación de técnicos e ingenieros argentinos, laboratorios de investigación radicados aquí. Que el premio fiscal se gane con desarrollo, no que se regale por desembarcar.

Eso es lo que distingue a un Estado bobo de un Estado estratega. El Estado bobo subsidia la llegada; el Estado estratega negocia la permanencia. Corea del Sur no se convirtió en potencia tecnológica abriendo la puerta y mirando para otro lado: lo hizo condicionando cada dólar de inversión extranjera a la construcción de capacidades coreanas. Israel no creó su ecosistema de innovación con arancel cero y silencio regulatorio: lo creó con un Estado que orientó, exigió y acompañó. La evidencia comparada es unánime, y el oficialismo la ignora con la soberbia de quien confunde un dogma con un plan.

Por eso, ante el Súper RIGI que ingresó al Congreso, nuestra posición es nítida: tal como está redactado, el régimen no es una política de desarrollo sino una rendición con buenos modales. Una rendición pulcra, técnica, llena de alícuotas y amortizaciones aceleradas, pero rendición al fin: la decisión de que la Argentina renuncie a dirigir su propio proceso de crecimiento a cambio de un shock de divisas que aliviará la coyuntura y empobrecerá la estructura. Y si la tercera hipótesis fuera la cierta —si detrás del articulado no hubiera ni error ni negocio sino genuflexión—, entonces ni siquiera estaríamos ante una rendición: estaríamos ante una ofrenda.

Quien escribe estas líneas no ignora la urgencia: el país necesita dólares, empleo, inversión, y los necesita ya. Pero la urgencia es mala consejera cuando firma contratos de treinta años. Acaso la pregunta que cada legislador debería hacerse antes de votar sea brutalmente simple: dentro de tres décadas, cuando el litio se haya ido en barcos y los servidores se hayan amortizado, ¿qué habrá quedado en la Argentina? ¿Capacidades o cráteres? ¿Ingenieros o galpones vacíos? Si la respuesta no está en el articulado —y no está—, entonces el articulado debe cambiarse.

Porque un país no se desarrolla por lo que entra: se desarrolla por lo que aprende. Y a mí, lo confieso una vez más, me duele la Argentina que sufre. Pero más me dolería la Argentina que, teniendo todo para aprender, eligió arrodillarse.

Federico González

Candidato a Presidente de la Nación — 2027. Analista político, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires.