La libertad tenía peaje
Prometieron terminar con la casta; dejaron una Argentina más cruel, un Estado capturado y una épica moral convertida en expediente.
Una palabra de tres letras. “Fin”. Así, con punto y sin epílogo, Manuel Adorni cerró el 27 de junio pasado su paso por la Jefatura de Gabinete, apenas unas horas antes de que la Selección saliera a jugar un partido del Mundial. El hombre que durante dos años y medio fue la voz oficial del gobierno —el encargado de anunciar cada demolición del Estado con ironía de streamer— se retiraba envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, después de haber admitido ante la Justicia que mantuvo fuera de sus declaraciones juradas unos quinientos mil dólares. El vocero de la austeridad, incapaz de explicar su propia abundancia. Si un guionista lo hubiera propuesto, el productor lo habría rechazado por inverosímil.
Pero la política argentina hace rato dejó de pedirle permiso a la verosimilitud. Y acaso convenga leer esa renuncia no como un episodio aislado sino como un síntoma: el punto donde una épica —la de los honestos que venían a echar a los ladrones— se encuentra con su propio expediente. Quien escribe estas líneas se propone algo más ambicioso que el inventario del escándalo: entender la arquitectura del fracaso. Porque los cargos contra este gobierno no son anécdotas dispersas; forman un sistema. Y a cada cargo, sostendré, le corresponde una réplica. No la réplica del rencor, sino la del proyecto.
La palabra devaluada
Empecemos por el cargo fundacional. En el debate del balotaje, ante millones de argentinos, Javier Milei lo dijo sin matices: iba a dolarizar, a eliminar el Banco Central, a extirpar el cáncer de la inflación. Sus militantes llegaron a montar una ceremonia velatoria frente al edificio de Reconquista 266, con coronas fúnebres y aviso necrológico incluido. Dos años y medio después, el muerto goza de excelente salud: tiene presupuesto aprobado, directorio completo y —detalle exquisito— una fachada restaurada con una inversión de casi doscientos millones de pesos. El gobierno que prometió demoler el Banco Central terminó remodelándolo.
La lista sigue y es conocida: la dolarización mutó en “competencia de monedas” y luego en elogio del peso; el juramento de que el ajuste lo pagaría la política se estrelló contra los números —el gasto de capital cayó 86 por ciento, los programas sociales 61, los salarios públicos 29—; el hombre que prefería cortarse un brazo antes que subir impuestos elevó el impuesto PAIS y devolvió Ganancias a los trabajadores. Los verificadores de Chequeado calcularon que, al cumplirse el primer año de gestión, apenas una de cada diez promesas centrales estaba cumplida. Quevedo lo sentenció hace cuatro siglos con precisión de escribano: nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir.
Digámoslo sin eufemismos: no estamos ante desvíos técnicos sino ante una concepción de la palabra pública como insumo descartable. Y aquí aparece la primera réplica desarrollista. La credibilidad no es un adorno moral: es capital institucional, tan tangible como una represa. Un país cuya moneda nadie cree y cuya palabra presidencial nadie cree paga dos primas de riesgo simultáneas. El Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI propone exactamente lo contrario del prometedor serial: metas verificables, plazos explícitos, gradualismo con dirección. Frondizi no prometió demoliciones; prometió plantas industriales, pozos de petróleo, universidades. Se lo derrocó, se lo proscribió, se lo calumnió. Pero las plantas siguen en pie. Esa es la diferencia entre un proyecto y un exorcismo: el proyecto deja infraestructura; el exorcismo, humo.
El tres por ciento
El segundo cargo tiene nombre de porcentaje. En los audios atribuidos a Diego Spagnuolo —extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, examigo y exabogado personal del Presidente— se describe un presunto esquema de retornos sobre la compra de medicamentos de alto costo, del cual un tres por ciento habría tenido como destinataria a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Corresponde la prudencia que la Justicia todavía impone: los audios están siendo peritados, Spagnuolo ahora dice que son falsos —después de haber sostenido durante meses que lo habían grabado ilegalmente, giro argumental que merecería un capítulo propio en cualquier manual de retórica forense— y la acción penal no avanzó, hasta hoy, sobre los familiares del Poder Ejecutivo.
Pero lo que sí avanzó es abrumador. Spagnuolo está procesado por asociación ilícita, fraude al Estado y cohecho pasivo, con un embargo de doscientos dos mil millones de pesos. El expediente acumula una veintena de procesados, sobreprecios verificados hasta en andadores ortopédicos, un allanamiento donde aparecieron casi setecientos mil dólares en efectivo y un chat de una precisión escalofriante: “Ya le descontaron el 3”. El fiscal calculó erogaciones irregulares por más de setenta y cinco mil millones de pesos del erario. El refrán popular lo advertía: si la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y la limosna moral de este gobierno —su épica de la honestidad, su superioridad declamada frente a “los chorros”— era enorme.
Adicionalmente, hay un dato que trasciende lo penal y entra de lleno en lo moral: el organismo en cuestión era el de discapacidad. El mismo gobierno cuyo entorno es investigado por presuntos retornos sobre remedios para personas con discapacidad fue el que vetó la ley de emergencia en discapacidad. La crueldad y la presunta caja, operando sobre la misma población vulnerable. Lord Acton advertía que el poder tiende a corromper; lo que Acton no previó es que alguien pudiera construir todo su poder sobre la denuncia de la corrupción ajena mientras —según la hipótesis fiscal— toleraba la propia.
La réplica desarrollista a este cargo exige afinar el bisturí, porque el mileísmo extrae de cada escándalo estatal siempre la misma moraleja: el Estado es el problema, achiquémoslo. Falso. El tres por ciento no prueba que el Estado sobre; prueba que fue capturado. Un quirófano sucio no se resuelve cerrando el hospital: se resuelve esterilizando el quirófano. El Estado que propone el Desarrollismo Inteligente es un nodo sinérgico —articulador de universidades, empresas, laboratorios y territorios— y esa sinergia requiere lo que el Estado botín detesta: compras abiertas, trazabilidad total, controles cruzados que no dependan de la virtud de nadie. Porque la honestidad declamada es un discurso; la honestidad diseñada es una institución.
La firma presidencial
El tercer cargo es acaso el más novedoso en la historia de nuestras desventuras institucionales, porque involucra una tecnología del siglo XXI al servicio de una picardía del siglo XIX. El 14 de febrero de 2025, el Presidente de la Nación publicó en su cuenta personal la promoción de un criptoactivo llamado $LIBRA, acompañada del código para adquirirlo. El token se desplomó a las pocas horas y miles de inversores quedaron atrapados. La causa judicial reveló luego, a partir del peritaje del teléfono del lobista Mauricio Novelli, al menos cinco llamadas con Milei en los minutos previos al lanzamiento y el borrador de un presunto acuerdo confidencial por cinco millones de dólares vinculado a Hayden Davis, el creador del activo. Dos entidades académicas reconocidas en el expediente ya pidieron que se lo indague por negociaciones incompatibles con la función pública. Las querellas sostienen que el aval del jefe de Estado fue la pieza que consumó el ardid.
Quien haya seguido mis trabajos sabe que vengo insistiendo con una idea: los emprendedores privados, aun los más audaces, operan siempre montados sobre plataformas construidas públicamente —la educación que formó a sus ingenieros, la ciencia que incubó sus tecnologías, la infraestructura que mueve sus productos, la moneda y el derecho que hacen posible el contrato mismo—. El caso $LIBRA es la inversión perversa y casi didáctica de ese principio: aquí la plataforma pública suprema, la investidura presidencial, la confianza acumulada por doscientos años de historia institucional argentina, habría sido montada al servicio de un negocio privado de horas. No el privado apoyándose en lo público para crear valor, sino lo público puesto a disposición de lo privado para extraerlo.
La réplica desarrollista es entonces conceptualmente simple y políticamente exigente: la investidura no se alquila. El Estado sinérgico conecta actores para multiplicar valor; jamás oficia de celestina de especulaciones. Un presidente desarrollista usa su firma para inaugurar laboratorios, no para lanzar tokens.
El vocero enriquecido
Volvamos ahora al personaje del comienzo, porque su caso condensa como pocos la distancia entre la prédica y la conducta. Manuel Adorni, ascendido de vocero a jefe de Gabinete en noviembre de 2025, cayó en junio de 2026 bajo el peso acumulado de sus propias inconsistencias: el viaje de su esposa —que no es funcionaria— en el avión presidencial, pese al decreto que el propio gobierno había firmado restringiendo ese uso; una casa en un country cuya remodelación integral costó, según declaró el contratista ante la Justicia, unos doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo; un departamento en Caballito presuntamente financiado casi en su totalidad por un préstamo de dos jubiladas que, ante los tribunales, negaron conocerlo; y finalmente la admisión de que mantuvo unos quinientos mil dólares fuera de sus declaraciones juradas, confesión que le valió una nueva denuncia por omisión maliciosa. El Financial Times describió el episodio como el escándalo de corrupción que golpeó al gobierno libertario en su punto más sensible: su narrativa de pureza.
No resulta desatinado suponer que la historia registrará una ironía puntual: el gobierno que exigía a los jubilados reales aceptar aumentos del cero coma cinco por ciento tenía un jefe de Gabinete que explicaba su patrimonio con el presunto préstamo de dos jubiladas imaginarias. En el barrio lo diríamos sin eufemismos: con plata cualquiera invita; lo difícil es explicar de dónde salió la plata.
Max Weber distinguió, en una conferencia que debería ser lectura obligatoria en toda escuela de gobierno, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El funcionario que se proclama moralmente superior practica la primera; el funcionario serio practica la segunda: rinde cuentas antes de que se las pidan, publica su patrimonio sin que lo persigan, entiende que en la función pública la apariencia de corrección es casi tan importante como la corrección misma, porque de esa apariencia se alimenta la confianza colectiva. La réplica desarrollista al vocero enriquecido no es el escrache: es la ejemplaridad como política de Estado. Declaraciones juradas auditadas en tiempo real, patrimonios trazables, funcionarios que aburran a los fiscales.
La crueldad presupuestaria
Queda el cargo más grave, porque no se dirime en tribunales sino en cuerpos. Este gobierno vetó la emergencia en discapacidad, vetó la emergencia pediátrica del Garrahan, vetó el financiamiento universitario, vetó la recomposición de los jubilados. El Congreso, en una secuencia inédita, volteó varios de esos vetos con multitudes en la calle; aun así el acatamiento fue dispar, y las cifras del deterioro hablan solas: el Garrahan perdió doscientos cuarenta y cinco trabajadores altamente capacitados, los salarios de los docentes universitarios cayeron un veintinueve por ciento real, el transporte acumuló subas superiores al novecientos por ciento y la canasta básica siguió trepando por encima del treinta por ciento interanual. Todo ello mientras la Argentina consolidaba su condición de mayor deudor mundial del Fondo Monetario, con compromisos cercanos a los cincuenta y nueve mil millones de dólares. A este cuadro material se le superpone uno simbólico que no es menor: el agravio como doctrina comunicacional, el insulto presidencial a economistas, periodistas, artistas y gobernadores convertido en género retórico oficial. Un gobierno que trata a los disidentes como enemigos y a los vulnerables como variables de ajuste no está aplicando un programa económico: está aplicando una pedagogía de la crueldad.
Albert Camus escribió que la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en dárselo todo al presente. El mileísmo practica el principio inverso: inmola el presente —los niños del Garrahan, los jubilados, los científicos que emigran— en nombre de un futuro perpetuamente prometido y perpetuamente postergado, ese paraíso fiscal que siempre está a un semestre de distancia. La mística del sacrificio ajeno.
La réplica desarrollista a este cargo es la más profunda de todas, porque toca el corazón de nuestro paradigma. El economista Jean-Jacques Lambin nos enseñó a distinguir las innovaciones tiradas por la demanda de aquellas empujadas por el laboratorio: las segundas —las que cambian la historia de los países— no nacen del mercado sino de la inversión pública paciente en ciencia básica. Jorge Sábato lo tradujo a geometría criolla con su célebre triángulo: Estado, ciencia y empresa conectados por sus vértices. Y Bernardo Houssay lo demostró con un Premio Nobel forjado en una universidad pública. Un superávit que se financia apagando laboratorios, vaciando hospitales pediátricos y empujando investigadores a Ezeiza no es orden fiscal: es una hipoteca sobre la inteligencia nacional. El Desarrollismo Inteligente sostiene, contra la motosierra, una tesis verificable en toda la experiencia comparada: no hay justicia social duradera sin crecimiento, pero no hay crecimiento duradero sin ciencia, tecnología y capital humano. La crueldad, además de inmoral, es económicamente estúpida.
El proyecto
Llegados a este punto, el lector podría objetar: la crítica es fácil; ¿dónde está la alternativa? La objeción es justa y merece respuesta, porque un país no se gobierna con expedientes ajenos. Conviene incluso conceder lo que haya que conceder: el Estado que Milei heredó tenía patologías reales —clientelismo, capas geológicas de ineficiencia, organismos capturados por corporaciones de todo signo— y la sociedad que lo votó no estaba loca: estaba exhausta. El error del mileísmo no fue diagnosticar la enfermedad; fue confundir la cirugía con la amputación, y al cirujano con el carnicero.
El Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI propone la síntesis que la Argentina viene esquivando hace medio siglo. Frente al populismo que distribuye riqueza que no genera, y frente al ultraliberalismo que destruye las capacidades que no comprende, una tercera vía con dirección: un Estado sinérgico —ni ausente ni asfixiante— que articule la inteligencia colaborativa de universidades, empresas, sindicatos modernos y territorios; ecosistemas emprendedores definidos no por la suma de sus actores sino por la calidad de sus conexiones; ciencia y tecnología como política de Estado blindada de los ciclos electorales; y una ética pública diseñada en las instituciones, no declamada en los micrófonos. Productividad con inclusión. Orden fiscal con inversión estratégica. Firmeza sin crueldad.
Una figura identificatoria
Cabe cerrar con la pregunta que suelo hacerles a los líderes que analizo: ¿a quién quisiera parecerse este presidente? Milei respondió esa pregunta él mismo, sin que nadie se la formulara, al consagrar a Carlos Menem como el mejor presidente de la historia y colgar su retrato en el salón de los próceres. Hay que reconocerle la honestidad del espejo elegido: la fiesta de la convertibilidad, la frivolidad como estética, las privatizaciones como epopeya. El problema de los espejos es que devuelven la imagen completa: también los sobreseimientos trabajosos, los expedientes eternos, el apellido Menem circulando —otra vez, treinta años después— por los pasillos de las causas judiciales del poder. El que elige un espejo elige también sus grietas.
La figura que el Desarrollismo Inteligente propone es otra: la de Arturo Frondizi, el presidente que no insultó a nadie, que leyó más de lo que gritó, que fue traicionado por casi todos y no traicionó su proyecto. El que entendió, antes que ninguno, que la soberanía no se declama: se produce.
Javier Milei nos invitó a un exorcismo: expulsar del cuerpo argentino al demonio del Estado. Dos años y medio después, el Estado sigue ahí —más pobre, más cruel, más chico— y el país descubre, expediente a expediente, que el demonio acaso nunca habitó donde el exorcista señalaba. Quién te dice: tal vez estaba en la comitiva. La pregunta de 2027, entonces, no será si la libertad avanza. Será algo más incómodo y más argentino: quién cobra el peaje por donde la libertad avanzó. Porque una libertad que cobra peaje ya no es libertad: es concesión. Y toda concesión, tarde o temprano, vuelve a licitarse. En 2027, la Argentina licita de nuevo su destino.